Formación básica en facilitación para apoyos de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en procesos judiciales (2ª edición)

Justificación de la figura del/de la facilitador/a en procesos judiciales en los que participan personas con discapacidad intelectual
¿Qué es la figura del facilitador/a en procesos judiciales?
El Facilitador/a ayuda a conocer las capacidades para declarar de la persona con discapacidad intelectual que ha sido víctima y/o acusado/a.
El Facilitador/a le explica a la persona qué es un procedimiento judicial, qué personas se va a encontrar en un juicio, qué tiene que hacer y cuáles son sus derechos. Adapta la comprensión del procedimiento a las capacidades de la persona, desde personas con muchas necesidades de apoyo a personas que necesiten un apoyo más limitado.
El Facilitador/a cuenta a la Policía y a los abogados, fiscales y jueces cuál es la mejor manera de que la persona con discapacidad les entienda y pueda contar lo que pasó.
El Facilitador/a es una figura creada por la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI) en 2010 y trabaja en toda España de manera gratuita.
Igual que las personas que no entienden o no dominan el idioma tienen derecho a un intérprete, las personas que tienen dificultades de comunicación y/o comprensión por su discapacidad, deben tener derecho a un facilitador.
¿Cuál es la justificación legal de esta figura?
Una de las bases de cualquier estado de derecho es la igualdad de las personas ante los poderes públicos, con independencia de sus características sociales, familiares o personales. En el ordenamiento jurídico español, la dignidad es una cualidad inherente a cualquier ser humano. Pero estas consideraciones teóricas no son suficientes siempre y cuando los poderes judiciales y las políticas públicas no garantizan su cumplimiento.
Los y las magistrados/as no son únicamente garantes del cumplimiento de la ley, sino que también lo son de los derechos humanos. Por ello, es fundamental que el ordenamiento jurídico español asegure el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo en igualdad de condiciones.
Este derecho universal de las personas con discapacidad se recoge específicamente en el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, creada en 2006 y ratificada por España en 2008. En este se recoge literalmente el derecho de acceso al ajusticia en igualdad de condiciones “incluso mediante ajustes de procedimiento, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares”. Muy vinculado a este artículo, está el Artículo 12 de esta misma Convención que reconoce la igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad con el resto en todos los ámbitos de la vida. Esto supone la capacidad de ser titular de derechos y ejercer los mismos.
Además de este texto, hay otros como el el Convenio Europeo de Derechos Humanos (en su artículo 6) como la Constitución Española (en su artículo 24) que recogen este derecho a través de la “tutela judicial efectiva”, es decir, juicio justo o debido proceso.
Las principales barreras con las que se topan las personas con discapacidad intelectual para ejercer el derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones son varias:
– Barreras actitudinales: creencias o percepciones sobre las personas con discapacidad intelectual de los agentes implicados en el procedimiento judicial basados en prejuicios y desinformación. Estas pueden tener consecuencias e impedir la accesibilidad a lo largo de todo el procedimiento, puesto que son la base de la actitud de todos/as los/as profesionales con los que la persona tenga contacto a lo largo de su proceso judicial.
– Barreras cognitivas: dificultan la comprensión de mensajes, situaciones, normas abstractas, derechos y obligaciones durante el procedimiento.
– Barreras físicas: estructuras del entorno que interfieren en el acceso a los distintos espacios.
– Barreras en la comunicación: estas aparecen cuando la información no está en un formato al que la persona pueda acceder, muy común en los procedimientos judiciales en los que el lenguaje suele ser técnico y complejo, sin tener en cuenta las pautas de lectura fácil y principales apoyos en la comunicación útiles para las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
– Barreras programáticas: se refieren a aquellas que no permiten la plena eficacia de programas y políticas públicas dirigidas a personas con discapacidad, que pueden darse debido a: falta de información de los/as legisladores en cuanto a la situación de las personas con discapacidad, escasa comunicación con las personas participantes en el procedimiento, falta de herramientas accesibles (sentencias en lectura fácil, “audiocassete”, ajustes de procedimiento…).
– Barreras sistémicas: en lo referido a las prácticas y políticas (por ejemplo, el actual código civil y sus implicaciones para la modificación de la capacidad de obrar de las personas con discapacidad intelectual).
La legislación citada anteriormente supone un cambio en el paradigma anterior de la consideración de las personas con discapacidad intelectual como ciudadanos/as sin todas las garantías procesales. Se reconoce así su autonomía y otorga la capacidad de defensa de sus preferencias y ejercicio de sus voluntades. Estas dejan de ser sustituidas, pasando a ser los poderes públicos los que deben garantizar los apoyos necesarios para que las personas puedan manifestar las mismas y sean escuchadas y tenidas en cuenta, considerando a la persona con discapacidad intelectual como protagonista principal del procedimiento, independientemente de sus necesidades de apoyo. Desde este momento, no es viable cuestionarse si la persona podría o no ejercer este derecho, sino de qué apoyos debería disponer para hacerlo en igualdad de oportunidades. Es fundamental no confundir la capacidad jurídica con la capacidad cognitiva.
Por ello, los regímenes en los que se opta por la sustitución de la persona en la toma de decisiones deben ser reemplazados por los sistemas de apoyo en la toma de decisiones.
Las obligaciones mencionadas por los referidos, no son una realidad en el ordenamiento jurídico español. Prueba de ello son las recomendaciones a España como estado miembro que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recoge en el informe de mayo de 2019 sobre el seguimiento del cumplimiento de la Convención en España. En este, recomienda a España lo siguiente:
– Promulgar legislación para eliminar las barreras que experimentan las personas con discapacidad en el acceso a la justicia, garantizar la realización de ajustes de procedimiento adecuados al género y la edad y establecer las salvaguardias pertinentes para posibilitar la participación de las personas con discapacidad en todos los procedimientos judiciales, en igualdad de condiciones con las demás, facilitando el uso del método de comunicación de su elección en las interacciones judiciales, lo que comprende la lengua de señas, el braille, la lectura fácil, los subtítulos, los dispositivos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás medios, modos y formatos de comunicación accesibles.
– Al poner en práctica la recomendación que figura en el párrafo 23, vele por que el tipo de discapacidad o el hecho de encontrarse sujetas al régimen de tutela no impida el pleno acceso de esas personas a la justicia, y porque se preste un apoyo específico a las personas con discapacidad psicosocial o intelectual y a las víctimas de la violencia de género.
– Instaurar programas permanentes de capacitación y campañas regulares de sensibilización e información para los abogados, los funcionarios judiciales, los jueces, los fiscales y los agentes encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los agentes de policía y el personal penitenciario, sobre la necesidad de dar acceso a la justicia a las personas con discapacidad.
Además de estas recomendaciones en 2020, la Comisión Internacional de Juristas, así como The International Disability Alliance y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo han generado una serie de principios y directrices internacionales para guiar a los Estados parte hacia el cumplimiento de las obligaciones relativas al acceso a la justicia de las personas con discapacidad.
De entre estos principios y directrices, es relación al derecho de apoyo por parte de un facilitador/a durante el procedimiento judicial, resulta fundamental tener en consideración los siguientes:
– Principio 1. Todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica y, por tanto, a nadie se le negará el acceso a la justicia por motivos de discapacidad.
o Directriz 1.2. (j): Proporcionar intermediarios/as o facilitadores/as, donde sea y cuando sea necesario, para permitir una comunicación clara entre las personas con discapacidad y los tribunales, los tribunales y los organismos encargados d hacer cumplir la ley para garantizar una participación segura, justicia y eficaz y la oportunidad de participar plenamente en los procesos legales.
– Principio 3. Las personas con discapacidad, incluidos los niños con discapacidad, tienen derecho a las adaptaciones procesales adecuadas.
o Directriz 3.1: Evitar la discriminación y garantizar la participación efectiva e igualitaria de personas con discapacidad en todos los procedimientos legales, los Estados proporcionarán adaptaciones procesales individualizadas y apropiadas para la edad y el género para las personas con discapacidad. Abarcan todas las modificaciones y ajustes necesarios y apropiados que se requieran en un caso particular, incluyendo intermediarios/as o facilitadores/as, ajustes y modificaciones procesales, ajustes al entorno y soporte de comunicación, para asegurar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. En la mayor medida posible, las adaptaciones deben organizarse antes del comienzo de los procedimientos.
o Directriz 3.2: Los Estados garantizarán la provisión de una serie de adaptaciones procesales, mientras que también deben asegurarse de que tales adaptaciones se implementen para equilibrar y respetar adecuadamente los derechos de todas las partes mediante, entre otras cosas:
Intermediarios/as y facilitadores/as independientes
(a) Establecimiento, financiación y ejecución de un programa de intermediarios independientes o facilitadores capacitados para brindar asistencia de comunicación a las partes del proceso y al sistema de justicia para determinar si las adaptaciones y el apoyo son necesarios y qué adaptaciones y apoyo son apropiados, y para ayudar con la comunicación durante el curso del proceso;
(b) Diseñar e implementar un programa de intermediarios independientes o facilitadores de manera coherente con los procedimientos y costumbres locales, y de conformidad con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
– Principio 4: Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a avisos e información legal de manera oportuna y accesible en igualdad de condiciones con los demás.
o Directriz 4.1. (e): Para garantizar el derecho a la información oportuna y accesible, los Estados deberán velar por que haya un apoyo disponible en tiempo real para las personas que necesiten asistencia para comprender los avisos y la información al proporcionar, por ejemplo, interpretes, guías, lectores, intermediarios y facilitadores/as, y otras formas de apoyo.
– Principio 6: Las personas con discapacidad tienen derecho a asistencia jurídica gratuita o asequible.
o Directriz 6.2. (h): Realizar adaptaciones de procedimiento, como intérpretes, tecnología de asistencia e intermediarios/as y facilitadores/as, o los recursos necesarios para obtener tales adaptaciones, disponibles para los abogados para apoyar la comunicación efectiva con clientes, testigos y otras personas con discapacidad en el desempeño de sus deberes profesionales.
Otra muestra del incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Convención a España como estado firmante de la misma, son los resultados del informe “A cada lado”, presentado en junio de 2019 por Plena Inclusión España. Este estudio se ha elaborado a partir de las respuestas a un cuestionario de profesionales de 14 comunidades autónomas y 367 personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo internas en centros penitenciarios de toda España, entre ellos de Madrid. Algunos de los principales resultados:
– Solo el 51% de las personas con discapacidad intelectual privadas de libertad tenía acreditada de forma oficial la misma antes de la comisión del delito. Este dato implica que seguramente se pasó por alto durante el procedimiento judicial y penal.
– Solo en el 3% de los casos la condena se ajusta a un cumplimiento adaptado en base a las necesidades de apoyo concretas de estas personas.
– El 89% de las condenas a personas con discapacidad intelectual consisten en penas privativas de libertad y solo el 8% se tratan de medidas de seguridad (privativas o no privativas de libertad).
Más conclusiones que se pueden extraer de este informe son la escasez de procesos específicos de prevención del delito para estas personas, además del escaso acompañamiento y apoyo durante el procedimiento judicial, el cumplimiento y los procesos de reinserción y retorno.
La formación a los agentes implicados en este procedimiento es la pieza clave para iniciar la detección de las extensas y complejas necesidades de apoyo que suelen coincidir en una misma persona (discapacidad intelectual, problemas de salud mental, situaciones de drogodependencia, inmigración, marginalidad…).
Esta primera “señal de alarma” es fundamental para valorar la incidencia de las necesidades de apoyo en la comisión del delito o la falta y, en consecuencia, plantear la defensa de la persona. Así mismo, el cumplimiento de los derechos de las personas y especialmente de las víctimas y testigos, están en gran medida condicionados por el conocimiento que los agentes implicados tengan sobre la comunicación con personas con discapacidad intelectual y de qué herramientas y ajustes de procedimiento pueden hacer uso para garantizar que el proceso es accesible y el derecho a comprender toda la información es una realidad para las personas con discapacidad intelectual.

Referencias:
1. Palacios, A. (2008). El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Madrid: CERMI. Cinca.
2. Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad (2017). Observación general núm. 6 sobre la igualdad y no discriminación, CRPD/C/GC/6.
3. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Informe sobre el Derecho de acceso a la justicia en virtud del artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, A/HRC/37/2 . Recuperado de: https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/368/76/PDF/G1736876.pdf?OpenElement.
Objetivos del curso: formar profesionales que puedan realizar convenientemente las tareas de facilitación en la provisión de apoyos para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en procesos judiciales.
Este curso va dirigido a licenciados/as, graduados/as y estudiantes de l: Psicología, Trabajo social, Educación social, Integración social, Criminología, Cuerpos de Seguridad del Estado, Derecho, Formación del Profesorado.

Programa

MODULO I: Modelo de apoyos y figura de facilitador (4h)
• Tema 1. La fiscalía para personas con discapacidad. Conferencia inaugural.
• Tema 2. Modelos de apoyos en discapacidad. Figura del facilitador en el modelo de apoyos

MODULO II: CUERPOS DE SEGURIDAD (4h)
• Tema 3. Diligencias policiales en el proceso penal: Persona con discapacidad intelectual como denunciado/
• Tema 4. Diligencias policiales en el proceso penal: Persona con discapacidad intelectual como denunciante

MODULO III: PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS (14)
• Tema 5. Explicación de las normativas y procedimientos
• Tema 6. Justificación figura facilitador desde la Fiscalía
• Tema 7. ¿Qué necesita un juez de un facilitador?
• Tema 8. La figura del facilitador desde las entidades

MÓDULO IV: PRUEBAS PERICIALES (12h)
• Tema 9. Juicio oral/entrevistas
• Tema 10. Funcionamiento cognitivo en personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y su influencia en el proceso judicial.
• Tema 11. Las capacidades para testificar

MODULO V: INTERVENCIÓN DEL FACILITADOR (12)
• Tema 12. Guía del facilitador. Intervención del facilitador en los procedimientos
• Tema 13. Actividades del facilitador
• Tema 14. Procesos de acompañamiento en OAV

MODULO VI: PRÁCTICAS PRESENCIALES
Centro 1. Comisarías de la Policía Nacional;
Centro 2. Unidades especializadas de la Guardia Civil;
Centro 3. Oficina de Apoyo a Víctimas;
Centro 4. Juzgado de incapacidades;
Centro 5. Unidad de atención a víctimas con discapacidad de Fundación “A la par”.
Centro 6. Centro APADIS

Requisitos previos de acceso

Requisito de admisión: solo podrán acceder aquellas personas que acrediten experiencia laboral con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Dado que en esta edición se ofertan sólo centros de prácticas en Madrid, tendrán preferencia solicitantes de Madrid.

Criterios de evaluación
  • Prueba tipo test escrita al finalizar cada uno de los 3 bloques conceptuales, con un peso de 50% de la calificación total.
  • Evaluación de parte de prácticas: Memoria de prácticas (40%), Informe combinado de los tutores/as de prácticas (60%).
Días, horario y lugar de celebración

Días: Del 22 de abril al 8 de julio.

  • Parte teórica Viernes y sábados.
  • Parte práctica sólo los viernes.

Horario:

  • Bloque de teoría: desde el 22 de abril al 28 de mayo los viernes y sábados en horario viernes de 16:00 a 20:30 y sábados de de 9:30 a 14:00.
  • Bloque de prácticas: Los viernes desde el 3 de junio al 8 de julio en horario de 10:00 a 14:00.

Lugar:

  • Clases magistrales presenciales en la Facultad de Psicología de la UAM (aula a determinar en función de número de matrícula y de las normativas sanitarias recomendadas de distancia entre asistentes en el momento de desarrollo del curso).
  • Clases prácticas: centros de prácticas.
Matriculación e inscripción

INSCRIPCIÓN

Acceda al siguiente enlace para realizar la preinscripción, el periodo comprende del 12/02/22 al 16/04/22

 

MATRICULACIÓN

Formación básica en facilitación para apoyos de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en procesos judiciales (2ª edición) (Matrícula Ordinaria) 620€

Formación básica en facilitación para apoyos de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en procesos judiciales (2ª edición) (Matrícula alumnos UAM, AlumniUAM+,AlumniUAM+Plus y amigos de la UAM, alumnos y antiguos alumnos del ICFS, personal y miembros del ICFS, personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal del Ministerio de Defensa y personal de entidades federadas en Plena Inclusión) 562€

 

*Para beneficiarse de la matrícula reducida, los estudiantes  deben inscribirse con su correo institucional  estudiante.uam.es*

NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS

Máximo 30 plazas

**El curso se impartirá si alcanza el mínimo de 24 estudiantes**

 

Becas y criterios de concesión

Cantidad: 2,5

Criterios: Se otorgarán un 10% de las inscripciones como becas. La concesión de las becas implica un proceso de evaluación por parte del comité de evaluación, considerando los siguientes criterios fundamentales:

  • Recursos económicos con los que cuenta el candidato (40%)
  • Distancia o coste de movilidad hasta el lugar de celebración del curso (30%)
  • Expediente académico y experiencia profesional del candidato (30%).

Los documentos necesarios para la concesión de las mismas son los siguientes:

  • Expediente académico y profesional.
  • Documentación acreditativa sobre los recursos económicos y justificante del traslado o viaje,
  • Otros méritos.

La comunicación de la concesión de las becas se realizará personalmente a los candidatos seleccionados.

Observaciones

En caso de que, derivado de las condiciones sanitarias, no pudieran desarrollarse las clases presenciales, éstas se impartirán en modalidad online síncrona. Las prácticas, que tienen un ineludible carácter presencial en las instituciones, se realizarán en las fechas previstas si es posible, o se pospondrá su realización presencial para cuando sea permitido por las autoridades sanitarias y académicas.

Departamento
Psicología Básica
Centro
Facultad de Psicología
Categoría
PS Psicología
IP/Director
Maria Sotillo Mendez
Modalidad
Presencial
Fecha inicio
22/04/2022
Fecha fin
08/07/2022
Precio
Matrícula ordinaria: 620€; Matrícula alumnos UAM, AlumniUAM+,AlumniUAM+Plus y amigos de la UAM, alumnos y antiguos alumnos del ICFS, personal y miembros del ICFS, personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal del Ministerio de Defensa y personal de entidades federadas en Plena Inclusión: 562€
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Programa
Requisitos previos de acceso
Criterios de evaluación
Días, horario y lugar de celebración
Matriculación e inscripción
Becas y criterios de concesión
Observaciones
Programa

MODULO I: Modelo de apoyos y figura de facilitador (4h)
• Tema 1. La fiscalía para personas con discapacidad. Conferencia inaugural.
• Tema 2. Modelos de apoyos en discapacidad. Figura del facilitador en el modelo de apoyos

MODULO II: CUERPOS DE SEGURIDAD (4h)
• Tema 3. Diligencias policiales en el proceso penal: Persona con discapacidad intelectual como denunciado/
• Tema 4. Diligencias policiales en el proceso penal: Persona con discapacidad intelectual como denunciante

MODULO III: PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS (14)
• Tema 5. Explicación de las normativas y procedimientos
• Tema 6. Justificación figura facilitador desde la Fiscalía
• Tema 7. ¿Qué necesita un juez de un facilitador?
• Tema 8. La figura del facilitador desde las entidades

MÓDULO IV: PRUEBAS PERICIALES (12h)
• Tema 9. Juicio oral/entrevistas
• Tema 10. Funcionamiento cognitivo en personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y su influencia en el proceso judicial.
• Tema 11. Las capacidades para testificar

MODULO V: INTERVENCIÓN DEL FACILITADOR (12)
• Tema 12. Guía del facilitador. Intervención del facilitador en los procedimientos
• Tema 13. Actividades del facilitador
• Tema 14. Procesos de acompañamiento en OAV

MODULO VI: PRÁCTICAS PRESENCIALES
Centro 1. Comisarías de la Policía Nacional;
Centro 2. Unidades especializadas de la Guardia Civil;
Centro 3. Oficina de Apoyo a Víctimas;
Centro 4. Juzgado de incapacidades;
Centro 5. Unidad de atención a víctimas con discapacidad de Fundación “A la par”.
Centro 6. Centro APADIS

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